Por Sebastián Valdés Lutz
Ciudadano
29 de agosto de 2021
La principal deuda que los gobiernos post Dictadura han reconocido tener con los ciudadanos chilenos es una educación de calidad que permita equilibrar las oportunidades de quienes nacen en distintas clases sociales. Lo paradójico es que siendo reconocido el bajo nivel educacional del pueblo chileno, los últimos años hayamos avanzado tanto en delegar en ese pueblo de baja educación tantas decisiones trascendentales para el futuro de Chile.
La democracia representativa tiene la ventaja de actuar en base a “representantes de los ciudadanos”, los que en rigor debiesen desempeñar sus cargos con el objetivo de alcanzar el mayor bienestar de corto, mediano y largo plazo del país, lo que habitualmente llamamos el “Bien Común”. Estos representantes debiesen cumplir requisitos mínimos en cuanto a experiencia y conocimientos cívicos, económicos, legales, medioambientales y obviamente políticos, sin embargo, con el tiempo se ha hecho todo lo contrario, y se han ido eliminando casi todos los requisitos para ser representante de los ciudadanos.
El acercamiento de las decisiones políticas a la ciudadanía, transformando nuestra democracia en una suerte de democracia directa, fomentada y acelerada además por las redes sociales, implícitamente conlleva dos supuestos:
Lo más importante en la política es entender los problemas del pueblo y quién mejor que el pueblo para hablar por él.
El pueblo es sabio para decidir el mejor camino de solución para sus propios problemas.
Bajo estos supuestos, cualquier ciudadano puede ser diputado, senador o constituyente, y también lo podemos hacer extensivo al poder administrativo con concejales, alcaldes, gobernadores y el mismo presidente. Lo que no tiene lógica, es que, en cualquier otra institución de nuestra sociedad, incluso en la más básica, como en la familia, la experiencia y el conocimiento se respeta para el rol que asume y para las decisiones que toma, por lo que no cualquiera puede asumir un cargo de representatividad.
Si bien las empresas no son instituciones democráticas, probablemente nadie cuestionaría que el gerente de administración & finanzas es el más idóneo para determinar las políticas contables y financieras, y no así para operar la línea de envasado. Tampoco nadie cuestionaría que la gerente de personas es la más idónea para establecer las políticas de evaluación de desempeño, y no así para diseñar el plan anual de mantención preventiva. En una familia, probablemente nadie dejaría en manos del hermano que está en kínder el control del presupuesto familiar, o nadie cuestionaría las decisiones económicas que el padre y la madre tomaron en razón de sus posibilidades.
El Congreso, la Convención Constituyente, gobernaciones y alcaldías se han nutrido con una muestra de ciudadanos de nuestra sociedad, los que no están debidamente preparados, salvo excepciones, para cumplir con el cargo para el cual fueron elegidos. Es evidente al ver el desarrollo que ha tenido la Convención Constituyente, cuyo comportamiento poco se separa del de una junta escolar; es evidente también al ver el espectáculo que se monta en cada votación en la Cámara de Diputados, donde esperaríamos una cuota mucho mayor de seriedad.
El supuesto de que el pueblo es sabio para decidir el mejor camino de solución para sus problemas es completamente errado cuando no tiene el nivel educacional adecuado.
Lamentablemente, la falta de representantes idóneos en nuestras instituciones hace que el debate de ideas sea de muy bajo nivel, y que el análisis causal de los problemas sea muy liviano. Si a eso agregamos la priorización de los intereses particulares de cada político por sobre el “Bien Común”, se hace muy difícil avanzar en temas en que los expertos, aquellos que sí saben, llegarían a acuerdo con facilidad.
El periodismo lamentablemente tampoco aporta con encauzar el debate hacia un espacio de cordura, tomando partido con la solución que aparentemente empatiza más con las necesidades del pueblo, pero nuevamente sin tener los conocimientos para analizar las bondades y falencias de las distintas alternativas.
La verdad es que lo más fácil es reconocer los problemas y empatizar con ellos, y por ello los políticos suelen coincidir en los diagnósticos de las prioridades. Lo difícil es proponer las soluciones adecuadas para los problemas, puesto que muchas de las soluciones inadecuadas pueden conllevar serios costos o externalidades negativas para el país. No existen las soluciones mágicas, pero sí existen soluciones más inteligentes que otras, y ellas normalmente provienen de los que más saben, de los expertos. Así mismo, los que más saben, los expertos, suelen estar menos disponibles para soluciones populistas, las que terminan siendo una gran fiesta en el corto plazo, pero la ruina en el futuro.
El primer supuesto, que dice que lo más importante en la política es entender los problemas del pueblo, es falso. Lo más importante es encontrar la mejor solución a esos problemas.
Como ciudadano de Chile, como trabajador al que se le exige trabajo profesional acorde a las exigencias de mis responsabilidades, también exijo que mis impuestos paguen políticos profesionales, acorde a la magnitud de los problemas y desafíos que tiene un país que aspira a ser desarrollado. Que se les exija a los políticos mayores requisitos para postular a cargos públicos, en cuanto a experiencia, estudios y conocimiento del cargo al que postulan. Que vuelva la cordura. Que vuelvan los expertos. Que vuelvan los que saben. Que termine el circo.
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